La figura que se estudia para el futuro del corredor es la de un fideicomiso, administrador por el Banco Municipal de Rosario. La actual concesionaria mantiene la explotación de manera precaria.
El gobierno de Santa Fe dejará desierta la licitación para la administración de la autopista que une Rosario con la capital provincial.
Santa Fe.
La única oferta que se presentó para el proceso no satisfizo las expectativas de la administración santafesina, que iría por un fideicomiso administrado por el Banco Municipal de Rosario.
El ministro de Infraestructura, José Garibay, confirmó que será el mismo gobernador quien dará a conocer este jueves cuáles serán los pasos a seguir respecto del futuro de la explotación por sistema de peaje del mantenimiento del corredor. Tal cual lo publicó LaCapital en su edición de ayer, Lifschitz estaría inclinado a la figura de un fideicomiso, donde el fiduciario sería la empresa BMR SA, con capital mayoritario del Banco Municipal de Rosario.
«Estamos en término de tomar una definición sobre el tema», advirtió Garibay. Ya se sabía que la licitación con una sola oferta no estaba bien vista por las autoridades. Y que el planteo hecho por los legisladores, opositores e incluso oficialistas, sobre la posibilidad de que sea el Estado quien administre el corredor -ya que no hay una inversión que haga el privado- fueron una pieza importante para tomar una decisión sobre qué pasos seguir. De optar por un modelo de gestión pública a través de un fideicomiso, como ya se dejó entrever y nadie desmiente, el sobre Nº 2 de la licitación en curso, con la oferta económica y la propuesta de peaje por parte de la empresa oferente, no se abrirá.
El 2 de mayo pasado se habían abierto los sobres con las ofertas técnicas para la concesión de la autopista, y hubo una sola presentación: la UTE integrada por las firmas Supercemento y Edeca, la misma que estuvo envuelta en una fuerte polémica en 2010 cuando el entonces gobernador Hermes Binner le adjudicó de manera directa y sin licitación este corredor vial. Pero ahora, y tras el anunció de Garibay, este nuevo intento por volver a convertirse en concesionarios se frustró.
Desde la administración provincial también se ratificó que, en cualquiera de los casos, está garantizada la continuidad laboral del personal que actualmente trabaja en la autopista. Y para la revisión del contrato fallido con Arssa se realizaron hasta el momento existe la posibilidad de contratar consultorías a partir de los distintos organismos técnicos que tiene el propio Estado.
Desde el gobierno afirman que la opción de dejar la explotación en manos del Estado, o de una figura en la que esté presente (como la de una sociedad anónima con mayoría estatal) fue expresada por los mismos legisladores del Frente Progresista. No obstante, venía siendo un fuerte reclamo de la oposición, que no perdió oportunidad para criticar la rescisión del contrato con Arssa y el nuevo llamado.
El 4 de mayo, el diputado Héctor Cavallero, junto a los miembros de su bloque, «exigieron» esa declaratoria. «Le pedimos al Ejecutivo que haciendo uso de las atribuciones que le corresponden al Estado declare la licitación desierta, que se dé de baja el convenio precario que tienen ahora con Arssa y que ya mismo la provincia se haga cargo de la administración de la autopista, y que haga un convenio con el gremio de los empleados para respetar sus derechos ya que Vialidad Provincial tiene que repavimentar los 330 kilómetros que no hizo Arssa (empresa que sigue explotando el corredor de manera precaria)», dijo entonces el legislador.
Ese mismo día, el legislador Roberto Mirabella recordó que «Arssa sólo pavimentó 65 kilómetros. El gobernador tuvo que deshacer el común acuerdo y ahora ver cuánto le reclama el Estado a Arssa, pero está claro cuánto es: más de 1.500 millones».
Casi al mismo tiempo, el mismo gobernador Lifschitz reconoció que no se descartaba la posibilidad de que la provincia se hiciera cargo directamente de la explotación, luego de que se presentara un solo oferente para el mantenimiento de la traza por explotación de peaje.
«Nosotros abrimos una licitación con vistas a una nueva concesión exclusivamente para lo que es mantenimiento, porque ha hemos tomado la decisión de que la obras de repavimentación y mejoras las va a hacer el gobierno provincial a través de Vialidad», recordó el mandatario. «Por eso, respecto a lo que es mantenimiento liviano, de banquinas, seguridad y control hicimos un proceso licitatorio donde hubo una sola oferta», agregó . Pero inmediatamente reconoció: «No es bueno que haya una sola oferta, lo ideal que haya competencia, por eso la vamos a analizar pero no descartamos que se haga cargo directamente la provincia».
Ya el 25 de abril, el Ejecutivo había dispuesto que se sometiera a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión con Arssa, y se encomendó al Ministerio de Infraestructura que en el lapso de 180 días implemente «un proceso de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes en la frustración del contrato» con la prestataria.
Aunque con su habitual cautela, y siempre aclarando que oficialmente no se ha tomado aún ninguna medida administrativa, el ministro de Infraestructura, José León Garibay, admitió que «en un 95 por ciento» la decisión está adoptada y adelantó que será el jueves cuando el gobernador Miguel Lifschitz dé precisiones con respecto a la actual concesión y a la futura prestación.
«Estaba la alternativa de habilitar la concesión o de buscar un ente público para la explotación del corredor», reconoció Garibay en diálogo con LaCapital. Y siempre usando el término potencial, aunque sin desmentir lo que circuló durante toda la jornada de ayer, expresó lo que a viva voz se da por hecho: ir por la alternativa de una administración desde lo público.
«Tuvimos una sola oferta y hubo una valoración política con sustento, que nos planteó la opción de una administración pública, por eso se empezó a avanzar por ese carril», desembuchó finalmente el ministro.
Con respecto a la apertura del sobre 2 con las ofertas económicas, admitió que no tenía una fecha, pero que no se abriría de quedar definitivamente desierta la licitación.
Eso sí, existe el compromiso del Estado de que el fideicomiso absorba al personal que presta servicios en el actual sistema de explotación del corredor.