María Mercedes Herrera condenó al Hospital Italiano de Mendoza y a la Obra Social de Empleados Públicos por mala praxis médica. La paciente deberá percibir esa suma en concepto de daño moral, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y gastos
El lunes 2 de septiembre de 2013 se internó en el Hospital Italiano de Mendoza, dispuesta a someterse a una cirugía programada en una consulta médica efectuada el 28 de agosto. El doctor J. A. N., jefe del servicio de cirugía general y con 16 años de experiencia en el establecimiento, iba a operarle una hernia inguinal izquierda. Había llegado al diagnóstico a raíz de un dolor abdominal que se había propagado por la pierna: diversos estudios detectaron el cuadro. Procedieron a una intervención quirúrgica con la técnica de laparoscopía. La operaron, le aplicaron una malla de contención y el día siguiente le dieron el alta, sin ningún tipo de indicación posoperatoria.
El caso lo publicó el medio mendocino Los Andes. Seis años después de esa intervención, la jueza María Mercedes Herrera del Tribunal de Gestión Asociada N° 1, ordenó indemnizar a la paciente A. R. N. con un monto total de 530 mil pesos (410 mil más intereses) porque el cirujano le extirpó la vesícula biliar y le dejó la hernia inguinal izquierda que debió haberle operado. En el fallo discriminó los costos: daño emergente por extracción de la vesícula biliar, lucro cesante y pérdida de chance, la cantidad de pesos doscientos mil ($200.000); por gastos médicos, la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) y por daño moral, pesos trescientos mil ($300.000).
Quince días después de la intervención, asistió al Hospital Italiano para que le quitaran los puntos. Seguía sintiendo los mismos dolores que sentía antes de la operación. Un médico le dijo que las molestias no tenían relación directa con la cirugía y que el malestar podía obedecer a la anestesia o al exceso de comida. Le informó que no era necesario que volviera al recinto. Ese mismo día la paciente solicitó el informe de anatomía patológica que habían efectuado con posterioridad a la intervención quirúrgica.
Para el cirujano la decisión de extraer el órgano fue oportuna y acertada, y en pos de evitar un grave riesgo a la calidad de vida de la paciente. Pero en la documentación presentada no se acredita “la mayor urgencia de resolver la patología infecciosa y dejar para una ulterior oportunidad la reparación de la hernia inguinal”. Una pericia médica que se anexa al expediente descartó el intento de justificación de los demandados. “La cirugía fue equivocada, se efectuó una colecistectomía en vez de la hernioplastia. Se trató de una equivocación que no alcanzo a comprender”, expresó. En la historia clínica y en los estudios no hay referencias a una vesícula comprometida ni a alteraciones en el tejido que ameritaran su extirpación.