Urribarri enfrenta desde este lunes un megajuicio donde se le imputan hechos de corrupción. También serán juzgados exfuncionarios de sus dos gestiones
El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, junto a exfuncionarios de sus dos gestiones de gobierno, familiares y empresarios, enfrentarán desde hoy a las 9 un megajuicio por supuestos hechos de corrupción en Entre Ríos. El hilo vertebrador de este proceso judicial se condensa en tres causas, donde se busca establecer si el Estado entrerriano a través de distintos dispositivos de contratación financió la campaña presidencial del entonces primer mandatario entrerriano, quien se había presentado como precandidato para llegar al sillón de Rivadavia dentro del espacio que lideraba Cristina Fernández de Kirchner.
Urribarri también enfrentará otros dos procesos por el presunto direccionamiento de contratos públicos para favorecer a las empresas de publicidad Next SRL y Tep SRL, ligadas al cuñado del diplomático, y a Global Means SRL, del empresario Germán Buffa.
El debate será dirigido por el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes rechazaron el planteo de los abogados defensores de aplazar el juicio por entender que no estaban dadas las condiciones sanitarias para desarrollar un proceso que requiere la presencia de un número importante de testigos y operadores judiciales.
A pesar de la solicitud, los jueces desistieron de esa posibilidad, en coincidencia con el argumento de la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, quien indicó que desde el 5 de agosto rige la presencialidad plena en el Poder Judicial, y que por acuerdo general, se autorizó la realización de juicios. Anteriormente el debate había sido suspendido en cuatro oportunidades.
Se pudo saber que las audiencias serán los días lunes, martes y jueves, con una asistencia máxima de asistentes, entre jueces, secretarios, fiscales, defensores, testigos e imputados, de 35 personas.
Se prevé que el actual embajador argentino en Israel participe de las audiencias a través del sistema de videoconferencia desde Tel Aviv.
Legajos, imputados y penas
Los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, tramitaron por separado tres causas distintas llamadas “Solicitada”, “Cumbre del Mercosur”, y Parador de Mar del Plata”, entre otras que se unificaron en este juicio oral.
Son tres legajos donde se investigan hechos ocurridos durante la campaña proselitista conocida como “Sueño entrerriano”.
En el primer hecho imputado, que lleva el número de legajo N° 61.211, los fiscales sostienen que Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, sustrajeron más de 4.000.000 de pesos para difundir una solicitada titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, publicada en junio de 2014. En esto caso, cuyo legajo es N° 61.211, los imputados son Urrribarri y Báez.
En cuanto al expediente Cumbre del Mercosur (legajo N° 29885), se refiere a la organización de la reunión de los presidentes de ese bloque económico en Paraná, en diciembre de 2014. Los fiscales determinaron que el monto sustraído es 31.461.000 pesos.
En la acusación también se sostiene que el dinero público era para promocionar la cumbre pero el exgobernador “lo usó para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura”.
Bajo la misma hipótesis consideraron que “se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertaiment S.A. en la persona de su presidente Jorge Ernesto Rodríguez”.
Al igual que Urribarri y Báez, en este legajo fueron imputados Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes.
Una de las estrategias utilizadas por Urribarri para posicionar su campaña presidencial fue la instalación de un parador en Mar del Plata. En cuanto a esa operatoria los fiscales estiman que el monto sustraído fue de 14.561.870 pesos.
Los delitos que se le atribuyen al exmandatario son Peculado, Defraudación a la Administración Pública y Negociaciones Incompatibles, por los cuales se solicitarán 9 años de prisión efectiva.
¿Podría suspenderse?
Por estas horas el Tribunal de Juicio y Apelaciones deberá resolver recursos de Casación planteados por los abogados defensores de los imputados. “Aún no lo admitieron ni lo rechazaron”, confirmó a UNO el letrado Marcos Rodríguez Allende. “Si resuelven otorgar el recurso de Casación, tiene que elevar las actuaciones a esa cámara y suspender el inicio”, acotó el profesional.
En su momento los defensores argumentaron que la realización del debate afectaba el derecho de defensa, por cuanto no se podían cumplir los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus.
En el comienzo del debate podrían darse tres posibilidades: que el tribunal rechace sendos recursos o en su defecto, que los considere por lo que se podría dar curso a dos alternativas: que acepte el pedido de revisión ante Casación, con un efecto devolutivo, lo que implica que el juicio se inicie de todas formas, o un efecto suspensivo, lo que habilitaría pronunciamiento de la Cámara de alzada y en ese caso, el debate quedaría trunco, según se pudo conocer.