Plantearon en una solicitada que se produjo un «cambio de reglas intempestivo que produce un fuerte impacto negativo» en el sector.
Las compañías de tecnologías de información rechazaron el DNU 690/2020, que declaró como «esenciales» a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga. Las empresas afirmaron que «semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo» en el sector.
Entre los firmantes de la solicitada están DirecTV, Telecentro, Telefónica, Telecom y Claro, además de otros otros proveedores de Internet. Afirmaron que el decreto los sorprende porque siempre mantuvieron un diálogo de buena fe con todas las autoridades.
Manifestaron que buscaron alternativas «que lleven alivio a quienes más lo necesitan» y consideraron que «la justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos».
Cuestionaron en el comunicado que «semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)».
Las empresas del sector advirtieron que la medida además tendrá consecuencias negativas en los inversores del sector, «sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital».
Las compañías advirtieron que la decisión del presidente Alberto Fernández genera «incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro».
Consideraron que es «evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la Industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015)».
Recordaron que mientras que en otros países se busca impulsar el desarrollo del sector y «sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre».
Plantearon que el Gobierno califica a la industria de las telecomunicaciones «como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia». Explicaron que esta categoría es «una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos».
Aclararon que comparten el objetivo del Ejecutivo de “alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Aunque sostuvieron que la medida oficial “no garantiza el acceso a toda la población y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia”