El incremento definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares será del 28% y aplicable a los sueldos mínimos de todas las categorías del Personal doméstico.
La suma representada por ese porcentaje se pagará en tres cuotas definidas de la siguiente manera: 10% en diciembre 2020, 8% en febrero 2021 y 10% en abril 2021.
Además se estableción un 3% de aumento del adicional en las zonas desfavorables a partir de enero de 2021 con lo cual se incrementará del 25% actual al 28%.
El acuerdo no contó con el apoyo de todos los gremios y fue rechazado por la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) y el Sindicato de Empleadas en Casas de Familias de Entre Rios (SECFER), que se manifestaron en contra de «de tan escueto e insuficiente acuerdo salarial, que no alcanza ni a cubrir la inflación acumulada durante 2020», según informa Clarín.
Desde mayo, el sueldo mínimo de los trabajadores de casas particulares formales o registradas es de $17.785,50 por jornada laboral completa y para tareas generales bajo la modalidad con retiro. Mientras que el valor de las hhora es $144,50. Limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboraciónde comidas son las tareas contempladas en esta categoría.
Las empleadas de casas particulares ya habían recibido un aumento del 10% en dos tramos: marzo y mayo, a través de la resolución 1/2020 de la Comisión, establecido también por la Comisión ya que sus haberes no se ajustan por el salario mínimo, vital y móvil porque está excluido de ese régimen.
El de casas particulares fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y aunque fueron calificadas como beneficiarias del IFE, solo lo cobraron la mitad. Mientras que los empleadores, a su vez, quedaron excluidos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Un sector castigado por la pandemia
Los gremios de las trabajadoras de casas particulares inciaron el 11 de noviembre la paritaria de la actividad con el pedido de un aumento salarial de hasta el 100%, un bono extraordinario y la continuidad del IFE, un beneficio que percibían muchas empleadas domésticas por ser uno de los sectores asalariados de menores ingresos y más afectados por las restricciones durante la pandemia.
Las negociaciones se llevaron adelante por zoom en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde algunos sindicatos convocaron protestas. De ese espacio participaron el titular del organismo, Roberto Picozzi, ocho gremios en representación de 1,4 millones de trabajadoras y dos entidades por los empleadores.
«Nosotros pedimos 113 por ciento para no quedar abajo de la línea de pobreza», dijo a iProfesional Matías Isequilla, asesor legal de la Unión de Trabajadores Doméstticos y Afines (UTDA). De esa manera, buscan que el salario de la categoría inferior (con retiro) supere el valor actual de canasta básica que marca la línea de pobreza y que en octubre fue de $39.735 para una familia de tres personas.
Antes de la suba de diciembre, la comisión había establecido un incremento del 10% en dos tramos, después de obtener una suba del 30% en 2019, por debajo de una inflación del 53,8%. Así, el salario mensual para la primera categoría quedó fijado en $17.785 (con retiro) y $19.777 (sin retiro), lo que implica que en el primer caso un ingreso inferior al salario mínimo, hoy en $18.900.
La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) había anticipado el pedido de una recomposición del 40% y un plus del 10% para la zona austral por zona desfavorable. El gremio vinculado a la CGT y liderado por Carlos Brassesco buscó que el nuevo acuerdo hasta abril de 2021 se aproximase a la inflación prevista para este año, que se estima entre el 35 y el 40%.
«Esta comisión en lugar de garantizar salarios y derechos laborales para que podamos vivir ha hecho siempre lo contrario: mantiene salarios de indigencia, hoy por debajo del salario mínimo. Cobramos menos que el salario mínimo que en marzo será de $21.000. Le reclamamos a Picozzi, presidente de la Comisión, una recomposición del 100%», dijo María del Carmen, vocera de Trabajadoras de Casas Particulares En Lucha, uno de las organizaciones que se movilizó junto a UTDA a la sede de Alem.
Otro de los reclamos fue la continuidad del IFE, un subsidioque recibieron muchas trabajadores del sector, el pago de $30.000 para 600.000 despedidas y el control del trabajo no registrado. La cuarentena tuvo un gran impacto en el sector teniendo en cuenta que la categoría más baja (tareas generales) fue considerada actividad no esencial y solo estaban habilitadas aquellas empleadas categorizadas en tareas de cuidado a personas.
En ese marco, sufrieron suspensiones sin cobro de haberes, despidos pese a la vigencia de su prohibición por decreto y el adelanto de vacaciones. Y crecieron las denuncias de cambios de categorías fraudulentas para posibilitar que las trabajadoras circulen, sin otorgárseles un ingreso suplementario. «La alta informalidad (de alrededor del 70%) desprotege a las trabajadoras de todos los derechos relacionados con despidos, licencias, etc», señaló la Upacp en un informe difundido por el Ministerio de Trabajo.